Baku, Azerbaijan | 17–22 May 2026

Como en previas ediciones, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) y sus miembros participaron activamente en el 13º Foro Urbano Mundial (WUF13), celebrado en Bakú, Azerbaiyán. Como principal espacio de diálogo multiactor impulsado por ONU-Hábitat, el Foro reunió a gobiernos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, academia y otros actores comprometidos con la construcción de ciudades más justas, inclusivas y sostenibles.

Aunque el Foro Urbano Mundial no constituye un espacio de negociación política formal, su principal resultado fue la adopción de la Declaración de Bakú (Baku Call to Action), que recoge las prioridades y recomendaciones expresadas por los distintos grupos participantes. Entre ellas destacan demandas históricas impulsadas por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, como el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, la prevención de los desalojos forzosos y la necesidad de frenar la financiarización especulativa de la vivienda y el suelo.

La declaración hace un llamado a los Estados para avanzar de los compromisos a la implementación efectiva, reafirmando la función social y ecológica de la vivienda y el territorio, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y apoyando iniciativas lideradas por las comunidades para construir una agenda urbana justa y resiliente frente a la crisis climática. En el año en que se conmemora el décimo aniversario de la Nueva Agenda Urbana (NAU), la Declaración de Bakú también insta a los Estados Miembros a acelerar su implementación y a reforzar el papel catalizador de ONU-Hábitat en la respuesta a la crisis mundial de vivienda.

WUF13 coincidió con un momento clave para evaluar los avances y desafíos de la Nueva Agenda Urbana, adoptada en 2016 durante la Conferencia Hábitat III en Quito. Diez años después de su adopción y a mitad de camino de su horizonte de implementación, organizaciones y movimientos de todo el mundo reiteraron la necesidad de acelerar su cumplimiento frente a una crisis global de vivienda y tierra cada vez más profunda.

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) contribuyó activamente a este debate, promoviendo reflexiones sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana, el Derecho a la Ciudad y los retos contemporáneos del desarrollo urbano. La Nueva Agenda Urbana reafirma el compromiso de los Estados para prevenir los desalojos forzosos arbitrarios y los desplazamientos, reconoce la función social de la vivienda y del suelo, e incorpora la visión del Derecho a la Ciudad.

El Derecho a la Ciudad es es el derecho de todes les habitantes, presentes y futures, permanentes y temporales a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, definidos como bienes comunes esenciales para una vida plena y decente.

Durante las distintas sesiones, encuentros y espacios de articulación, las organizaciones de la sociedad civil destacaron varias prioridades para abordar las causas estructurales de la crisis habitacional y territorial:

• Impulsar la Producción Social del Hábitat, mediante su reconocimiento institucional y el apoyo presupuestario necesario para fortalecer las iniciativas comunitarias.
• Prevenir y combatir los desalojos forzosos, incorporando mecanismos efectivos de reparación y acceso a la justicia para las comunidades afectadas.
• Garantizar la función social y ambiental del suelo, desarrollando herramientas y políticas concretas que permitan su aplicación efectiva.
• Ampliar y proteger los espacios cívicos, asegurando la participación significativa de las comunidades y organizaciones sociales en la toma de decisiones urbanas.
• Promover alianzas público-comunitarias, reconociendo a las comunidades organizadas como actores legítimos y fundamentales en la construcción de soluciones para los territorios.

Estas propuestas dialogan directamente con los principios del Derecho a la Ciudad, al reivindicar una gestión democrática de los territorios, la justicia socioespacial y la centralidad de los derechos humanos en las políticas urbanas.

En el marco del Foro, la PGDC organizó el evento de traajo en red “¿Qué estamos haciendo con la Nueva Agenda Urbana, basado en el derecho a la ciudad y una vivienda digna, para hacer frente a la emergencia climática?”, dedicado a analizar cómo la implementación de la Nueva Agenda Urbana, el Derecho a la Ciudad y el derecho a una vivienda adecuada pueden contribuir a responder a la emergencia climática.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, incluyendo al Ministerio de las Ciudades de Brasil, ONU-Hábitat, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Habitat International Coalition (HIC) y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, entre otros.

Las discusiones destacaron la importancia de fortalecer las alianzas multiactor y multinivel para la implementación de la Nueva Agenda Urbana, identificando políticas y acciones ya desarrolladas por gobiernos nacionales y locales en colaboración con la sociedad civil organizada. Asimismo, se subrayó la necesidad de situar el Derecho a la Ciudad y el derecho a una vivienda adecuada como pilares fundamentales para afrontar los impactos de la crisis climática en ciudades y asentamientos humanos.

Entre las recomendaciones impulsadas por la PGDC destacaron:

• Reforzar la implementación de la Nueva Agenda Urbana mediante la participación efectiva de gobiernos, comunidades organizadas, movimientos sociales y sociedad civil.
• Fortalecer mecanismos permanentes de diálogo, cogobernanza y toma de decisiones compartidas.
• Promover políticas urbanas basadas en los derechos humanos, la justicia climática y la función social de la vivienda y el suelo.
• Impulsar alianzas que permitan ampliar y consolidar soluciones territoriales ya desarrolladas por las propias comunidades.

A lo largo de la semana, numerosas organizaciones presentaron experiencias concretas que demuestran la capacidad de las comunidades para generar respuestas innovadoras frente a los desafíos urbanos actuales. Desde iniciativas de Producción Social del Hábitat hasta estrategias para defender el acceso a la vivienda y la tierra, los intercambios evidenciaron la importancia de fortalecer mecanismos permanentes de participación y cogobernanza.

La presencia de movimientos sociales, redes comunitarias y organizaciones de derechos humanos permitió destacar que las soluciones a las crisis urbanas ya existen en muchos territorios y que su escalamiento requiere voluntad política, financiamiento adecuado y marcos normativos que reconozcan y fortalezcan estas prácticas.

La celebración del Foro en Azerbaiyán también generó reflexiones y preocupaciones por parte de organizaciones participantes debido a las denuncias documentadas sobre vulneraciones de derechos humanos en el país.

Diversos actores recordaron la importancia de que los espacios internacionales dedicados a los derechos urbanos y humanos mantengan estándares sólidos de coherencia y rendición de cuentas, así como de amplificar las voces de las organizaciones locales y las personas afectadas por violaciones de derechos.

Las discusiones iniciadas en Bakú refuerzan la necesidad de situar en el centro de la agenda internacional cuestiones fundamentales para el Derecho a la Ciudad: el acceso universal a una vivienda adecuada, la prevención de los desalojos forzosos, la función social del suelo, la Producción Social del Hábitat y la participación efectiva de las comunidades en la construcción de políticas públicas.

Desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad seguiremos impulsando estos debates y fortaleciendo las articulaciones entre movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y otros actores comprometidos con ciudades más democráticas, inclusivas y sostenibles.

Los próximos espacios de incidencia internacional ofrecerán nuevas oportunidades para avanzar en estos objetivos y consolidar una agenda urbana basada en los derechos humanos, la justicia social y el protagonismo de las comunidades.