Los pasados días 21 y 22 de marzo 2018 el Comité DESC de las Naciones Unidas examinó a España con el objetivo de evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La evaluación ha suspendido a España en materia de derechos sociales y especialmente en derecho a la vivienda. 

El Observatorio DESC, miembro de HIC y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, forma parte de la Plataforma DESC, un grupo de seguimiento de organizaciones de la sociedad civil que han participado en el examen a España sobre el estado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en España en los últimos 5 añosLa Plataforma DESC ha trabajado durante meses en un informe que fue presentado a las Naciones Unidas los pasados ​​días 21 y 22 de marzo 2018, cuando a Plataforma DESC expuso ante Naciones Unidas las regresiones que han sufrido los derechos sociales durante 2012-2016 y las carencias en materia de derechos humanos de las leyes y políticas públicas de España.

El examen a España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas se realiza con el objetivo de evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las observaciones finales al informe se aprobaron el 29 de marzo, enumerando los principales motivos de preocupación en relación al incumplimiento del pacto así como las recomendaciones que el estado deberá cumplir.

Sobre derecho a la vivienda, en concreto preocupa al Comité DESC de la ONU:

  1. El elevado impacto de las medidas de austeridad sobre el derecho a la vivienda.
  2. El número insuficiente de vivienda social y el déficit en este ámbito.
  3. La falta de vivienda asequible en el mercado debido a los precios excesivos.
  4. La falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia.
  5. Los hogares sin condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar.
  6. La falta de un marco legislativo adecuado para las personas desahuciadas y la impugnación de las leyes autonómicas contra la emergencia habitacional.

Las conclusiones extraídas del examen son un importante punto de partida para exigir medidas de mejora en la protección de derechos.

Para más información: