Este mes de marzo es crucial para los derechos económicos, sociales y culturales en el estado español. Los derechos como la sanidad, la educación, la vivienda o el trabajo están reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), ratificado por España. Para garantizar el cumplimiento de estos derechos por parte de los Estados, el Comité DESC de Naciones Unidas vela por su cumplimiento progresivo (art. 2 PIDESC).

¿Qué puede hacer el Comité DESC de Naciones Unidas? Dos de los principales mecanismos con que cuenta el Comité DESC han sido usados recientemente en España:

1)      Recibir quejas o demandas por parte de las personas afectadas cuando ha habido la vulneración de alguno de los derechos del Pacto. Esta oportunidad se abrió gracias al Protocolo Facultativo que entró en vigor en 2013. Mediante esta vía, el Comité DESC de Naciones Unidas ha condenado en dos ocasiones a España por vulneración del derecho a la vivienda, en el año 2015 y recientemente en 2017. Este último dictamen incorporaba las siguientes recomendaciones generales:

– Que se adopten medidas legislativas y / o administrativas para que en los procedimientos de desalojo de inquilinos el juez pueda valorar las consecuencias del desahucio.

– Mejorar la coordinación entre el poder judicial y los servicios sociales para evitar que una persona desahuciada se quede sin vivienda alternativa.

– Los desahucios de personas vulnerables sólo se efectúen después de haber consultado de manera genuina y efectiva estas personas y de asegurar que el estado ha hecho todos los pasos posibles empleando el máximo de recursos disponibles para conseguir una alternativa habitacional adecuada.

– Formular e implementar, en coordinación con las CCAA, un plan para garantizar el derecho a la vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad con previsión de recursos, plazos y evaluación del mismo.

Para que estas recomendaciones se lleven a la práctica, así como la reparación individual para la persona que sufrió el desahucio sin realojo, hemos creado un Grupo de Monitoreo formado por distintas organizaciones vecinales y de derechos humanos. El objetivo de este Grupo es dar seguimiento a los pasos que da el gobierno para cumplir con las recomendaciones. Entendemos que son 4 los puntos clave:

  • Un incremento presupuestarioorientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquilercon el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.
  • Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil,para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.
  • La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios socialesorientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.
  • La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanospara reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.

La respuesta que ha dado el gobierno español a las recomendaciones ha sido fuera de plazo y absolutamente insuficiente. El pasado lunes organizamos un acto en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo de Monitoreo para plantear nuestra postura. Aquí podéis consultar la información que hicimos llegar al Comité DESC con información al respecto.

2)      Examinar periódicamente a los Estados sobre el cumplimiento del PIDESC. La semana próxima, los días 21 y 22 de marzo, España será examinada sobre su avance en garantía del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a las pensiones, a la cultura, a la seguridad social, entre otros. Desde diversas organizaciones de la sociedad civil (Plataforma DESC) hemos trabajado durante meses en un informe sobre el estado de los DESCA en España en los últimos 5 años, que será presentado en Naciones Unidas la semana próxima. En nuestro trabajo exponemos las regresiones que han sufrido los derechos sociales durante 2012-2016 y las carencias en materia de derechos humanos de las leyes y políticas públicas de España.

Las conclusiones que el Comité DESC extraiga del examen serán un importante punto de partida para exigir medidas de mejora en la protección de derechos. Podéis consultar aquí el informe que hicieoron en 2012 varias organizaciones y aquí las recomendaciones generales que emitió el Comité DESC tras el examen.