Cada año, millones de personas pierden sus hogares. Los desalojos forzosos no son una consecuencia inevitables de la rápida urbanización ni de las crisis climáticas. Son una consecuencia directa de decisiones políticas. Se producen como consecuencia de la forma en que se regulan, desarrollan y gestionan nuestras ciudades y nuestros mercados inmobiliarios, así como de las decisiones políticas que los configuran.
Los desalojos forzosos no son inevitables. Son decisiones políticas que pueden prevenirse. La financiarización de la vivienda, determinados modelos de desarrollo urbano y las políticas que anteponen el beneficio económico a los derechos humanos están dejando a millones de personas sin hogar. En la Nueva Agenda Urbana, aprobada en Hábitat III en Quito, los gobiernos reafirmaron su compromiso de prevenir los desalojos forzosos y arbitrarios y los desplazamientos, y de garantizar una reubicación adecuada cuando el desplazamiento sea inevitable. Asimismo, reconocieron la función social de la tierra y la vivienda y adoptaron la visión del Derecho a la Ciudad. Sin embargo, la rendición de cuentas sigue siendo limitada y la verdadera magnitud del problema permanece en gran medida oculta.
Por eso, como organizaciones de la sociedad civil, queremos contribuir a cambiar esta realidad. Queremos amplificar las voces de las personas afectadas, visibilizar las soluciones que ya están impulsando las comunidades y ayudar a transformar los compromisos globales en acciones concretas para prevenir los desalojos forzosos, garantizar la reparación y avanzar hacia la justicia. La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), Slum Dwellers International (SDI), el International Institute for Environment and Development (IIED), la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C), The Bartlett Development Planning Unit – UCL (DPU), International Alliance of Inhabitants (IAI), el Center for Truth and Justice, Housing Justice Network, Hub for Housing Justice (HHJ), The Shift y el Observatori DESCA (ODESCA) unen fuerzas con organizaciones socias y aliadas de todo el mundo para visibilizar los desalojos forzosos, exigir responsabilidades y demostrar que el cambio es posible.
¿Qué son los Desalojos Forzosos?
Los desalojos forzosos se producen cuando se expulsa a las personas de sus hogares o tierras sin las protecciones y garantías jurídicas adecuadas. Se consideran una grave violación de los derechos humanos según el Derecho internacional.
Los desalojos forzosos son graves violaciones de los derechos humanos. Nadie, ya sea inquilino/a, propietario/a u ocupante de buena fe, debería verse privado de su hogar sin las garantías, la protección y reparación.
Los desalojos forzosos no son inevitables. Son decisiones políticas que pueden prevenirse.
Los desalojos forzosos afectan de manera desproporcionada a las personas más marginadas. El género, la raza, la clase social y la situación de tenencia determinan quiénes corren mayor riesgo.
No todos los desalojos autorizados legalmente son compatibles con los derechos humanos. Un desalojo puede ser lícito con arreglo a la legislación nacional y, aun así, constituir un desalojo forzoso y una violación de los derechos humanos según el Derecho internacional.
Además, socavan el derecho a la ciudad: el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros y sostenibles como bienes comunes.
¿Quién es Responsable?
El derecho a una vivienda adecuada y a la protección contra los desalojos forzosos no desaparece ante las presiones del mercado, los intereses del Estado o los beneficios empresariales.
- Los Estados tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda, lo que incluye prevenir los desalojos forzosos, regular a los actores privados y garantizar el acceso a la justicia y reparación para todas las personas afectadas.
- Los actores privados y el mercado, incluidos los promotores inmobiliarios, las instituciones financieras y las plataformas de alquiler a corto plazo, también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Basándose en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deben respetar los derechos humanos, evitar contribuir al desplazamiento y cooperar en la reparación cuando se produzcan daños. Exigirles responsabilidades es igualmente urgente.
Cuando falla la prevención, debe seguir una reparación efectiva: restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. La reparación no es una cuestión secundaria, sino una obligación fundamental.
El mínimo de estas salvaguardias se establece en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general n.º 7: El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, apartado 1, del Pacto): Desalojos forzosos, E/1998/22, 1997.
¿Qué genera los desalojos forzosos?
Los desalojos forzosos no son un efecto accidental de la rápida urbanización ni de las crisis climáticas. Son una consecuencia directa de decisiones políticas.
En un contexto en el que la financiarización de la vivienda y determinados modelos y políticas de desarrollo urbano que priorizan el beneficio económico por encima de los derechos humanos están dejando a millones de personas sin hogar, los factores que impulsan los desalojos forzosos son cada vez más diversos y complejos: mercados inmobiliarios especulativos, débiles protecciones legales, respuestas frente a la crisis climática que desplazan en lugar de proteger, y formas de discriminación estructural que expulsan sistemáticamente de sus hogares y territorios a las comunidades más marginadas.
Las recientes guerras de agresión y los actos de domicidio están intensificando aún más la escala y gravedad de los desalojos forzosos, añadiendo nuevas dimensiones de urgencia a una crisis global que ya es crítica.
Prevención y reparación: ¿qué significa en la práctica?
Los desalojos solo deben producirse cuando se hayan explorado y agotado de forma genuina todas las alternativas viables. Y, cuando un desalojo no pueda evitarse, las personas afectadas tienen derecho a una reparación efectiva. Reparar no significa simplemente ofrecer una indemnización: significa garantizar, según las circunstancias, la restitución, el retorno o un reasentamiento adecuado, la rehabilitación, la indemnización por las pérdidas que no puedan recuperarse, la satisfacción y garantías de no repetición.
Pero para prevenir los desalojos forzosos y garantizar una reparación efectiva, primero necesitamos saber dónde, cómo y por qué están ocurriendo. Hoy existen importantes vacíos de información: los Estados deben recopilar y mantener datos fiables sobre los desalojos forzosos, sus causas, su alcance y sus repercusiones. La falta de datos no puede convertirse en una excusa para la inacción. Al contrario, el mapeo, la documentación y la recopilación de datos impulsadas por las propias comunidades pueden ayudar a hacer visibles los desalojos que permanecen ocultos.
Y las comunidades afectadas no son solo víctimas de estos procesos. Son titulares de derechos y cuentan con conocimientos, estrategias y soluciones que ya están funcionando. Por lo tanto, las respuestas deben poner en el centro las soluciones lideradas por las comunidades y reconocer, apoyar y ampliar las soluciones que las propias comunidades están impulsando. Prevenir los desalojos, garantizar una reparación efectiva y cerrar los vacíos de datos no son esfuerzos separados: forman parte de una misma respuesta basada en los derechos, la participación y la justicia.
Amplificar voces y acciones este octubre
Detrás de cada desalojo hay una comunidad con derechos y un incumplimiento de la obligación de garantizarlos. A lo largo de octubre, compartiremos las historias de personas y comunidades afectadas por desalojos forzosos, así como las de quienes están haciendo frente a estas situaciones mediante respuestas lideradas por las comunidades para avanzar en la prevención y la reparación.
El Día Mundial del Hábitat (6 de octubre) y el Mes Mundial del Hábitat constituyen un momento de movilización global. Organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas defensoras de derechos de todo el mundo se unen para debatir, reflexionar y exigir acciones frente a los desalojos forzosos, en defensa del derecho humano a una vivienda adecuada y el derecho a la ciudad.
Es hora de actuar:
¿qué puedes hacer?
Los desalojos forzosos pueden prevenirse. La reparación es posible. Exigir responsabilidades es indispensable.
- Cambiemos la narrativa
- Comparte las historias de las personas afectadas.
- Corre la voz: utiliza nuestros materiales, adaptalos y ayúdanos a poner los desalojos forzosos en la agenda.
- Amplifiquemos acciones concretas de prevención y reparación
- Comparte con nosotros tus iniciativas de prevención y reparación.
- Difunde eventos y materiales sobre soluciones lideradas por las comunidades.
Súmate al llamado global: nadie debería perder su hogar.
¿Qué es Octubre Urbano?
Octubre Urbano es un mes de emocionantes reuniones, debates y eventos que centran la atención del mundo en los problemas urbanos y el desarrollo sostenible.
Se anima a las personas, organizaciones, ciudades, comunidades y gobiernos de todos los niveles a participar en actividades que destaquen los desafíos y las soluciones relacionados con las ciudades, los pueblos y las comunidades.
Cada año, el mes comienza con el Día Mundial del Hábitat y termina con el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad.
Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre, este año será el 2 de octubre, como el Día Mundial del Hábitat.
Este día destaca el estado de nuestros pueblos y ciudades, así como el derecho básico a una vivienda adecuada para todos. WHD también nos recuerda que todos tenemos el poder y la responsabilidad de dar forma al futuro de nuestras ciudades, pueblos y comunidades.
El tema de este año es «economías urbanas resilientes: las ciudades como motores del crecimiento y la recuperación«.
Octubre Urbano nos recuerda que todos tenemos el poder y la responsabilidad de contruir nuestras ciudades y comunidades.
El 31 de octubre celebramos el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad, reinterpretando la designación de Naciones Unidas del Día Mundial de las Ciudades.
Entendemos el Derecho a la Ciudad como: «El derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos que sean justos, inclusivos, seguros, sustentables y democráticos, definidos como bienes comunes para disfrutar la vida con dignidad y paz».
Sobre la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) tiene como objetivo inspirar un futuro mejor para todos los asentamientos humanos. El PGDC es una red abierta, flexible y diversa de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales comprometidas con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad en todos los niveles, con especial atención a las personas y comunidades afectadas por exclusión y marginación.
El PGDC reúne a movimientos y organizaciones sociales, académicos, redes internacionales, defensores de derechos humanos, ONG, gobiernos locales y otros para colaborar en el surgimiento de nuevas utopías emancipatorias y lazos sociales en nuestras sociedades. Juntos, damos visibilidad y construimos diálogo con esas cosmovisiones ya existentes para crear nuevos imaginarios colectivos posibles.
Los valores que guían al PGDC en la formación de nuevas comunidades de emoción y acción son: cooperación, colaboración, horizontalidad, transparencia, rendición de cuentas, equidad, participación, empoderamiento de las personas y solidaridad.
