La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se une a los esfuerzos internacionales y colectivos para combatir el COVID-19. En esta página podéis encontrar:

Iniciativas para el Derecho a la Ciudad de miembros y aliadxs

¡El Derecho a la Ciudad avanza! En todo el mundo, la gente se está defendiendo. Proponiendo iniciativas y políticas para proteger a la población frente a COVID-19. Tales iniciativas son diversas y responden de diferentes maneras a los múltiples y complejos efectos de la pandemia. También están siendo presentadas por diferentes actores, desde las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, las organizaciones de base, el mundo académico y el sector privado. A partir de nuestro comunicado, aquí destacamos algunas de estas medidas, que abordan puntos clave de la lucha contra COVID-19 y por el Derecho a la Ciudad.

Protección contra la violencia de género

La Secretaría de Políticas para la Mujer del Distrito Federal de Brasil ha lanzado la campaña «Mujer, no estás sola» con servicios de emergencia, centros de llamadas y otros servicios para asistir, albergar y proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia como resultado de las medidas de aislamiento social. En Montevideo, el municipio ha ampliado el horario de atención y ha establecido servicios especiales en el Programa Comunal de Mujeres, un espacio que ofrece atención y servicios gratuitos a las mujeres en situaciones de violencia doméstica.

Desahucios suspendidos

El gobierno australiano aprobó una moratoria de seis meses de los desahucios de inquilinos comerciales y residenciales que se encuentren en dificultades financieras debido a la crisis del covid-19. En España los desahucios por impago de alquiler están paralizados por 6 meses después de que haya finalizado el estado de alarma. También se ha aprobado una moratoria de 3 meses en el pago de hipotecas. Ambas medidas están destinadas a los colectivos vulnerables.

Inmigrantes Regularizados

Todos lxs extranjerxs que se encuentren en Portugal con solicitudes pendientes serán tratados como residentes permanentes hasta, al menos, el 1 de julio. La medida asegura que lxs migrantes tengan acceso a los servicios públicos durante el brote de coronavirus, así como a las ayudas gubernamentales, a las cuentas bancarias y a los contratos de trabajo y de alquiler. La medida incluye a lxs solicitantes de asilo y requiere la presentación de una solicitud de residencia en curso.

Suministro de Agua Garantizado

En Bahrain el gobierno pagará las facturas de electricidad y agua de individuos y empresas durante tres meses a partir de abril de 2020. En Colombia se han reconectado al sistema de acueductos cerca de 200 mil familias que no tenían el servicio de agua potable por falta de pago, además de congelar las tarifa de agua mientras dure la emergencia. Medida similar fue implementada en Michigan, con una moratoria en el corte de agua a residencias tras impagos.

Renta Básica de Emergencia

El Congreso brasileño ha puesto en marcha un proyecto de renta básica de emergencia de R$600 para trabajadorxs informales, autónomos y sin ingresos fijos mientras dure la crisis ocasionada por el COVID-19.

Asambleas de la PGDC: Derecho a la Ciudad frente al COVID-19

En el marco de estos esfuerzos, la PGDC celebró dos Asambleas sobre el Derecho a la Ciudad frente al COVID-19 en abril con el objetivo de compartir las iniciativas en curso para hacer frente a la crisis y avanzar hacia una respuesta común basada en la justicia social y los derechos humanos.

Nuestro comunicado: Derecho a la Ciudad frente al COVID-19

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se une a los esfuerzos internacionales y colectivos para combatir el COVID-19.

Expresamos nuestro compromiso y solidaridad con los grupos más vulnerables frente a la pandemia, en particular a las personas sin hogar, en situación de calle, las personas viviendo en asentamientos precarios, amenazadas por desalojos, desahucios, desplazamientos y colapsos de sus viviendas debido a situaciones naturales o cotidianas, lxs trabajadorxs informales y personas empobrecidas, en particular las mujeres, personas mayores y disidencias de todas las edades que sufren múltiples violencias. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra admiración y gratitud para lxs profesionales de la salud, de la limpieza, recicladorxs informales, cuidadorxs y científicxs, y  personal de centros de alimentación y otros servicios básicos en este momento de crisis.

La PGDC persigue la construcción de comunidades democráticas, diversas, solidarias y sostenibles, entendidas como bienes comunes donde todxs lxs habitantes tienen derecho a una vida con paz, seguridad, salud y dignidad. El Derecho a la Ciudad es un derecho colectivo que pone de relieve la gestión democrática, una perspectiva territorial integral y la interdependencia de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. 

Nos unimos a las voces que en este escenario reclaman la necesidad de:

  1. Recuperar y fortalecer los servicios públicos comunitarios
  2. Transitar hacia una sociedad de los cuidados, reconociendo el rol de las mujeres como  cuidadoras de hogares y comunidad. 
  3. Diseñar los mecanismos democráticos para una masiva redistribución de la riqueza social y una economía al servicio de la vida y el bien común.

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